Más de la mitad del territorio nacional está cubierto por bosques. Con un estimado de 73.4 millones de hectáreas (ha) de bosques (incluyendo bosques húmedos amazónicos, bosques andinos, plantaciones forestales y bosques secos), el Perú posee la segunda extensión de bosques de Sudamérica y la novena en el mundo.
Actualmente los bosques enfrentan grandes problemas como la deforestación, producto del cambio de uso del suelo, dada la tala y quema de miles de hectáreas para ampliar la frontera agrícola sin planificación; y la degradación, principalmente por la tala ilegal. Estos problemas se reflejan en una tasa de deforestación calculada en 106,604 ha/año en el período 2000-2011. Las causas directas de la deforestación y degradación son la expansión de la frontera agrícola y ganadera, la extracción de la madera, la minería, la construcción de infraestructura (por ejemplo vial). También existen causas indirectas como una débil gobernanza, tenencia de la tierra no definida, la migración de agricultores de la sierra a zonas boscosas, ausencia de ordenamiento territorial, entre otras.
Con la finalidad de hacer frente a los procesos de deforestación y degradación de bosques, se vienen diseñando y poniendo en práctica un conjunto de medidas, impulsadas principalmente por el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Riego, y por gobiernos regionales.
Destacan la aprobación de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, del Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA), y de la nueva Ley Forestal, la elaboración del Reglamento de la Ley Forestal, de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC), la creación del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, el Programa de Inversión forestal, y la Carta de Intención para el financiamiento forestal basado en resultados.
La ENBCC se enfoca en reducir las emisiones de GEI procedentes de la tala y quema de bosques mediante una gestión integrada y sostenible de los paisajes forestales, constituyendo condiciones habilitantes institucionales y económicas para una inversión pública y privada sostenible, inclusiva y competitiva, en un contexto de respeto a los derechos de las poblaciones indígenas, del aprovechamiento de los bosques y de la recuperación de áreas intervenidas.